Inseguridad, Crímenes y Violación a Derechos Humanos en Guatemala, preocupa a la CIDH

Un indígena guatemalteco enciende un inciensario durante un funeral, luego de una masacre en Guatemala.

José Emilio Castellanos
Washington DC

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los hechos recientes acaecidos en Guatemala, donde fueron asesinados tres congresistas salvadoreños, ha recrudecimiento las acciones en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos, funcionarios del Estado han sido acusados de estar involucrados en hechos de crimen organizado, y reina la impunidad.

Para la CIDH, todo ello evidencia de la necesidad de sanear y fortalecer las instituciones democráticas para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos.

La declaración se produjo a través de un comunicado dado a conocer hoy, en base al material recogido durante su 127º período ordinario de sesiones, efectuada recientemente en ésta ciudad.

Defensoras y defensores de Derechos Humanos
En su declaración, la CIDH señala que ha sido informada, tanto por la sociedad civil como por altos funcionarios del Estado, que durante los últimos meses se ha generado un recrudecimiento de los ataques en contra de las defensoras y defensores, incluyendo asesinatos, amenazas y graves actos de violencia, hostigamientos y robo de materiales de trabajo. Uno de los factores mencionados como motivo del incremento de la violencia contra defensoras y defensores es su participación en las causas judiciales por genocidio y crímenes de lesa humanidad.

Más adelante la CIDH reitera ¨el deber del Estado de adoptar todas las medidas que sean necesarias para remover los ataques u obstáculos que dificulten la labor de las defensoras y defensores de derechos humanos. En este sentido, es de fundamental importancia y prioridad que el organismo encargado de investigar dichos ataques realice una función eficiente con el objeto de sancionar a los responsables y evitar con ello que se continúen produciendo hechos como los descritos¨.

Asesinato de diputados salvadoreños y Cárcel de Alta Seguridad “El Boquerón”
El 19 de febrero de 2007 fueron asesinados en Guatemala los diputados salvadoreños del Parlamento Centroamericano y miembros de la Alianza Republicana Nacionalista: William Pichinte, Eduardo D´Aubuisson, José Ramón González, y el chofer Gerardo Napoleón Ramírez.

Posteriormente, el 21 de febrero de 2007, fueron capturados como presuntos responsables de tales ejecuciones: Luis Arturo Herrera López, jefe de la sección del Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil (PNC); el oficial José Korki López Arreaga; y los agentes José Adolfo Gutiérrez y Marvin Langen Escobar Méndez, todos la DINC. Tres días después, el 25 de febrero, los policías fueron degollados y acribillados mientras se encontraban en una prisión de alta seguridad denominada “El Boquerón”.

¨La Comisión Interamericana, ante estos hechos, y con el fin de contribuir a la protección de la vida de posibles testigos sobrevivientes y a la preservación de pruebas y evidencias sobre los hechos, decretó recientemente medidas cautelares para proteger la vida de una persona que está en prisión porque presuntamente estaría involucrada en los hechos del 19 de febrero¨.

¨Es de suma preocupación la información recibida que vincularía a la PNC en estos graves hechos y en actividades de crimen organizado y otras acciones delictivas. Asimismo, preocupa la información recibida que indica que los graves crímenes cometidos en la prisión del Boquerón difícilmente podrían haber sido realizados sin contarse, al menos, con la tolerancia o aquiescencia de algunos agentes del Estado¨.

¨Es fundamental que el Estado realice todas las acciones necesarias para investigar estos crímenes e identificar y sancionar a los responsables, y tomar las medidas urgentes que sean necesarias para sanear la institución policial y garantizar la imparcialidad y objetividad de las investigaciones¨.

En el año 2003 la Comisión expresó su profunda preocupación por la tendencia observada en la Policía Nacional Civil de convertirse en la principal responsable de las más graves violaciones a los derechos humanos, y afirmó que: “[e]stas prácticas, que violan diversos derechos consagrados en la Convención Americana y pueden acarrear responsabilidad internacional del Estado, aumentan la distancia y desconfianza existente entre las fuerzas policiales y los ciudadanos y contrarían los principios democráticos en base a los cuales se sustituyó a la antigua Policía Nacional por la PNC.”