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Análisis Internacional

México, el país más peligroso para los periodistas en el Continente

José Emilio Castellanos
Washington

México ha sido declarado por Reporteros sin Frontera como el país más peligroso para los periodistas en el continente americano, por encima de la convulsionada Colombia, que enfrenta problemas de guerrillas, paramilitares y narcotraficantes.

En los últimos acontecimientos, se registra el reciente asesinado del periodista Amado Ramírez, reportero de Televisa y de la emisora Radiorama Acapulco.

En relación a éste último crimen el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio Álvarez, manifestó que “el asesinato es la forma más aberrante y brutal de coartar la libertad de expresión.¨

En un comunicado de prensa el Relator exhorta a las autoridades mexicanas a actuar con la mayor diligencia para investigar los hechos y juzgar a los responsables.

¨La falta de una investigación efectiva puede hacer a los Estados incurrir en responsabilidad internacional determinada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, precisó el Relator Alvarez.

Más adelante Ignacio Alvarez recuerda que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada.

¨La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recuerda que conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos. El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que “el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión.¨

El pasado lunes 9 de abril de 2007 la emisora Radiorama Acapulco decidió retirar del aire el programa informativo “Al tanto”, del cual formaba parte Amado Ramírez.

Según RSF, en México se ha originado una oleada de represalias sin precedente por parte de los narcotraficantes.

En un comunicado de prensa, RSF señala que la dirección de la emisora ha dicho que se han recibido amenazas. Al día siguiente del asesinato de Amado Ramírez, el vigilante de Radiorama Acapulco recibió una llamada anónima, diciendo: “No hemos acabado, nos falta uno y es Misa”, refiriéndose a Misael Habana, co-presentador de “Al tanto”. Según éste último, Amado Ramírez recibió amenazas de muerte por teléfono hace cerca de un mes, durante una pausa del programa.

Citando otro caso, RSF precisa que Alfredo Jiménez Mota, periodista del diario El Imparcial en Hermisllo (Noroeste), no ha vuelto a dar señales de vida desde el 2 de abril de 2005. En los últimos cuatro años han desaparecido cinco periodistas mexicanos.

“A pesar de las recientes revelaciones de un testigo, en el caso de Alfredo Jiménez Mota, las autoridades federales siguen sin convocar al gobernador del Estado de Sonora, Eduardo Bours, y a su entorno, implicados en este caso. Nos tememos que esa falta de voluntad judicial – y política – solo explique que hasta ahora no se haya elucidado ninguna de las desapariciones de periodistas.

¨Los cinco periodistas desaparecidos trabajaban en asuntos relacionados con la criminalidad organizada o el narcotráfico. Las posibilidades de encontrarles con vida ahora son prácticamente nulas. Sin embargo, hacemos un llamamiento a Octavio Alberto Orellana Wiarco, quien desde el pasado 9 de marzo es el nuevo fiscal encargado de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas (FEADP), para que relance las investigaciones”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.

El 2 de abril de 2005 desapareció misteriosamente en Hermosillo Alfredo Jiménez Mota, especialista en narcotráfico del diario El Imparcial, cuando debía entrevistarse con una fuente informativa.

El pasado 17 de enero un teniente de la policía implicó directamente a sus superiores, un fiscal local y Ricardo Bours, hermano del gobernador del Estado de Sonora, como autores intelectuales del secuestro y la ejecución del periodista. Alfredo Jiménez Mota habría descubierto la implicación de éstos últimos en la dudosa puesta en libertad de dos narcotraficantes en 2004, tras una incautación de droga (cf. comunicado del 23 de enero de 2007).

El caso se ha llevado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos pero desde entonces no se ha interrogado a ningún representante del Estado de Sonora.

Rodolfo Rincón Taracena, periodista del diario Tabasco Hoy en el Estado del mismo nombre (Sudeste), también descubrió nuevos centros de narcotráfico en Villahermosa (cf. comunicado del 26 de enero de 2007). No se le encuentra desde el pasado 20 de enero. Inmediatamente se presentó una denuncia ante la justicia federal.

Además de los 22 periodistas asesinados desde 2000 México cuenta, en el mismo período, con otros tres desaparecidos: Jesús Mejía Lechuga, de la emisora Radio MS-Noticias, desde el 13 de julio de 2003 en el Estado de Veracruz (Sudeste); Rafael Ortiz Martínez, colaborador del diario Zócalo y de la emisora XHCCG 104.1 FM, aparentemente secuestrado por narcotraficantes el 8 de julio de 2006 en el Estado de Coahuila (Norte); y José Antonio García Apac, director del semanario regional Ecos de la Cuenca, desde el 20 de noviembre de 2006 en el Estado de Michoacán (Sudoeste).
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11 abril 2007 Posted by | drogas, Ignacio Alvarez, Mexico, periodista asesinado, relator libertad expresión, reporteros sin fronteras, sicarios | Deja un comentario

Las Maras, Pandillas expiatorias

Por Guthrie Gray
(Washington, IPS)

Relatos sensacionalistas de la prensa, líderes políticos y la policía exageran la conexión entre las pandillas de jóvenes centroamericanos con el narcotráfico, las mafias internacionales y el terrorismo, advirtió la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Un informe realizado por investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) a pedido de WOLA, que insumió un año, se centró ampliamente en las “maras”, como se les llama en América Central a las bandas juveniles callejeras, cuyo origen se remonta a los inmigrantes latinoamericanos de la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Angeles. La investigación buscó arrojar luz sobre un problema que amenaza la seguridad pública en América Central, donde se calcula que los pandilleros suman ya unos 100.000.

Las actividades de las maras también son observadas con mucha preocupación en Estados Unidos, debido al lazo que las sigue uniendo con las pandillas de Los Ángeles y de Washington, que según el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reúnen entre 8.000 y 10.000 jóvenes.

Los mareros, cuyos rostros y brazos tatuados los convierten en objetos de demonización convenientes, han sido ampliamente caracterizados como una organización criminal internacional responsable de tráfico humano, contrabando de drogas y comercio de armas. El estudio halló que, en vez de experimentados delincuentes internacionales, los mareros son por lo general jóvenes de familias desesperadamente pobres y que necesitan protección.

El documento titulado “Pandillas trasnacionales de jóvenes en América Central, México y Estados Unidos”, reveló que el carácter preciso del problema de estas bandas varía drásticamente en cada uno de los seis países abordados en el estudio. Los programas de prevención “específicos de la comunidad”, como los usados en Nicaragua y el área de Washington, han sido los más efectivos.

También se comprobó que las severas políticas de “tolerancia cero” o de “mano dura”, como las empleadas en El Salvador, y las políticas de deportación y contra los inmigrantes de Estados Unidos llevaron a las pandillas a convertirse en “más organizadas y menos visibles” sin reducir la amenaza a la seguridad pública.

“Ellos (los mareros) se están convirtiendo en lo que inicialmente alegaron ser, esto es, más violentos y más organizados”, dijo Jeanette Aguilar, investigadora de la salvadoreña Universidad de América Central, en la presentación el 8 de este mes del informe. Aunque existen conexiones trasnacionales entre las pandillas de América Central, México y Estados Unidos, éstas no han sido tan centralizadas como mostraron los medios de comunicación y las agencias de aplicación de la ley, según la investigación.

Ochenta y seis por ciento de los mareros de El Salvador dijeron que no tenían contacto con miembros de pandillas de fuera del país, señala el informe. Si bien los pandilleros plantean una grave amenaza a la seguridad pública en El Salvador, Guatemala y Honduras, el trabajo de WOLA señala que sus actividades en México son relativamente limitadas en comparación con las banda callejeras indígenas y el crimen organizado.

En Estados Unidos, el retrato periodístico de los mareros como “delincuentes experimentados y asesinos brutales”, aparejado con la concepción popular de que operan dentro de una vasta red trasnacional, fue alimentado tanto por los debates contra la inmigración como sobre seguridad nacional, indicó Connie McGuire, coordinadora de investigación para el Proyecto de Pandillas Juveniles de América Central en la WOLA.

Geoff Thale, director de programa y alto asociado para Cuba y América Central, considera que “hay una tentación de verlo como una amenaza posterior al 11 de septiembre” de 2001, fecha de los atentados terroristas contra Nueva York y Washington que dejaron 3.000 muertos. “El problema tiene que ser desmistificado “, opinó.

Las maras se originaron entre la población emigrada de la guerra civil salvadoreña (1979-1992). Al encontrarse a sí mismos en el hostil territorio de las preexistentes pandillas de chicanos (descendientes de mexicanos) y negros, los jóvenes salvadoreños formaron sus propias agrupaciones, como la Mara Salvatrucha (MS-13). Al regresar a El Salvador luego de la guerra civil, los miembros de las maras tuvieron una poderosa influencia sobre los jóvenes en América Central.

Las deportaciones de Estados Unidos hacia sus países de origen hicieron perder integrantes a las pandillas, y para fines de los años 90 la mayoría de las pandillas de jóvenes en Guatemala y Honduras estaban afiliadas o bien a la MS-13 o bien a Barrio 18, otra exportación de Los Ángeles.

Para 2000, ambas –aunque la segunda en menor grado– habían establecido una presencia en Washington. En años recientes, las actividades de las pandillas callejeras de América Central con lazos a Los Angeles se transformaron en una creciente preocupación dentro de Estados Unidos, y comenzaron esfuerzos para tratar con las pandillas mediante la cooperación internacional. Por ejemplo, funcionarios policiales y de la justicia, reunidos el 7 de este mes en Los Angeles para la Cumbre Internacional de Jefes de Policía sobre Pandillas Trasnacionales, denunciaron que las pandillas se habían expandido a 40 estados y siete países.

“Los Angeles es el territorio cero para la actividad de las pandillas modernas”, dijo J. Stephen Tidwell, alto funcionario del FBI en este ciudad.

“Ellas están más dispersas y son más peligrosas que nunca”. Mientras, efectivos policiales centroamericanos se quejan de que agresivas prácticas de deportación de Estados Unidos los han sobrecargado a ellos y a las prisiones de mareros en El Salvador, Guatemala y Honduras.

“No puedo culpar a Estados Unidos por deportarlos. Sin embargo, necesitamos buscar nuevos mecanismos para que tengamos más control sobre estos muchachos”, dijo Rodrigo Ávila Avilés, jefe de policía de El Salvador, según la cadena británica BBC.

En una reunión con delegados de El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice en San Salvador para coordinar estrategias para hacer frente a las pandillas realizada el 6 de este mes, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto González, anunció la creación de una unidad trasnacional antipandillas (TAG) entrenada por el FBI.

Mostrándose escéptico en relación a esas medidas, Thale dijo a IPS que “uno no soluciona los problemas de las pandillas encerrando a todo el mundo”. También enfatizó la importancia de los programas de prevención de la violencia, que en su opinión aparecen solamente como algo tardío en el plan de González. De hecho, “encerrar a todo el mundo” tuvo consecuencias negativas alarmantes.

Hace tres años, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a implementar severas políticas de tolerancia cero que, en la práctica, declararon la guerra abierta a los jóvenes acusados de pertenecer a las maras. Solamente en El Salvador, los registros policiales muestran que unos 60.000 jóvenes fueron llevados a prisión en el país desde el comienzo de estas políticas. Pero estos programas fortalecieron a las organizaciones de las pandillas en las cárceles, y ahora sus actos de violencia, como robos, secuestros y extorsiones, son dirigidos desde dentro de las prisiones, según un informe difundido el año pasado por la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia.

En algunos países del centroamericano Triángulo Septentrional (El Salvador, Guatemala y Honduras), los homicidios aumentaron 40 por ciento desde la creación de estas políticas, según Aguilar.(FIN/2007

12 febrero 2007 Posted by | Centro America, maras, Mexico, pandillas | 1 comentario