Posibles sanciones por vuelos de la CIA

Sabina Zaccaro
Roma (IPS)

Varios países de la Unión Europea (UE) podrían ser sancionados por su “pasividad” ante los traslados ilegales de presuntos terroristas, hechos por la CIA atravesando su espacio aéreo entre 2001 y 2005.

Las naciones del bloque consideradas culpables por el Parlamento Europeo podrían ser castigadas con la suspensión de su derecho a voto. La advertencia fue hecha tras la presentación del informe de un comité especial creado en 2005 por el órgano legislativo para investigar las entregas ilegales de prisioneros y la consecuente violación de derechos humanos por parte de algunos países en connivencia con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos).

El Parlamento Europeo creó ese comité tras las denuncias de que la agencia estadounidense, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, comenzó a trasladar en forma clandestina a presuntos terroristas hacia terceros países, pasando por el espacio aéreo europeo, para llevarlos a centros de reclusión secretos donde fueron torturados. Este mecanismo se conoce con el eufemismo de “entregas extraordinarias”.

El comité parlamentario también investigó denuncias de que los estados miembro de la UE dispusieron de centros de detención ilegales. El informe se debatirá y someterá al voto del plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 14 de este mes. Los países involucrados son Alemania, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia, Rumania, Suecia y Turquía. Más de 1.000 vuelos de la CIA atravesaron el espacio aéreo europeo entre 2001 y 2005. Además, cárceles clandestinas “pueden haberse instalado en las bases militares estadounidenses” en Europa, afirma el comité en su informe.

El documento señala que las naciones europeas “cerraron los ojos” ante los vuelos de la CIA que “en algunas ocasiones fueron utilizados para el traslado ilegal de detenidos”.

El parlamentario socialista italiano Giovanni Claudio Fava, miembro del comité, dijo a IPS que el Consejo de la UE, principal instancia decisoria del bloque, debería ordenar una investigación independiente y, “cuando sea necesario, imponer sanciones a los estados miembro en caso de confirmarse violaciones graves y continuas”.

El comité señaló que las entregas son un “instrumento ilegal utilizado por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo” y condenó “la aceptación y, en varias ocasiones, el ocultamiento de esa práctica por los servicios secretos y autoridades gubernamentales de algunos países europeos”.

“Fue un trabajo duro, tanto desde el punto de vista profesional como emocional. Investigamos 21 casos bien documentados de entregas extraordinarias, y hablamos con las víctimas, que aportaron su testimonio. Escuchamos sus dolorosas historias, juntamos 200 entrevistas y tenemos cientos de horas de grabación”, detalló Fava. El informe señala que en la mayoría de los casos investigados hubo “detenciones de personas que fueron incomunicadas y torturadas durante los interrogatorios, lo que fue confirmado por las propias víctimas o por sus abogados”.

En cuanto al desarrollo de la investigación, el comité se lamenta de “la falta de cooperación de muchos estados miembro y del Consejo de la UE”, según el documento. También afirma que “la grave carencia de respuestas concretas antes las preguntas planteadas por víctimas, organizaciones no gubernamentales, prensa y parlamentarios sólo reforzó la validez de las acusaciones que ya están bien documentadas”. El Consejo de la UE retuvo al principio y luego suministró en parte fragmentos de información referidos a intercambios con altos funcionarios estadounidenses, según el informe.

El documento indica que Austria, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Portugal se mostraron poco cooperativos con las investigaciones.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos consideran probable que las prisiones clandestinas se hayan establecido en Polonia y Rumania. Pero según el informe “no es posible reconocer la existencia de centros de detención en Polonia”.

“Espero que la sesión plenaria del Parlamento Europeo ratifique nuestro informe. Denunciamos las responsabilidades, directas e indirectas, de todos los gobiernos en estas prácticas ilegítimas que violaron los derechos humano y las leyes” en general, dijo Fava a IPS. “Nuestra responsabilidad ahora es garantizar los derechos fundamentales, como el de tener un abogado, llamar a la embajada, conocer los cargos por los que una persona es acusada, y ser procesado y juzgado sin torturas, para todos, aun para los acusados de los peores delitos”, añadió.

El artículo 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos garantiza un juicio justo ante un tribunal independiente y considera que los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Fava sostuvo que el principal logro de las investigaciones del comité, desde un punto de vista político, es haber puesto en evidencia la grave falta de controles de los países europeos.

“Estaban convencidos de que la guerra contra el terrorismo era un asunto del gobierno de Estados Unidos, así que simplemente decidieron no entorpecerle la tarea”, sostuvo.

El documento recomienda que “los gobiernos y parlamentos nacionales lleven a cabo sus propias investigaciones independientes acerca de lo sucedido y traten de devolver, en lo inmediato, a los ciudadanos y residentes mantenidos ilegalmente por las autoridades estadounidenses y compensen a las víctimas de las entregas extraordinarias”.

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