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Análisis Internacional

Posibles sanciones por vuelos de la CIA

Sabina Zaccaro
Roma (IPS)

Varios países de la Unión Europea (UE) podrían ser sancionados por su “pasividad” ante los traslados ilegales de presuntos terroristas, hechos por la CIA atravesando su espacio aéreo entre 2001 y 2005.

Las naciones del bloque consideradas culpables por el Parlamento Europeo podrían ser castigadas con la suspensión de su derecho a voto. La advertencia fue hecha tras la presentación del informe de un comité especial creado en 2005 por el órgano legislativo para investigar las entregas ilegales de prisioneros y la consecuente violación de derechos humanos por parte de algunos países en connivencia con la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos).

El Parlamento Europeo creó ese comité tras las denuncias de que la agencia estadounidense, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, comenzó a trasladar en forma clandestina a presuntos terroristas hacia terceros países, pasando por el espacio aéreo europeo, para llevarlos a centros de reclusión secretos donde fueron torturados. Este mecanismo se conoce con el eufemismo de “entregas extraordinarias”.

El comité parlamentario también investigó denuncias de que los estados miembro de la UE dispusieron de centros de detención ilegales. El informe se debatirá y someterá al voto del plenario del Parlamento Europeo en Estrasburgo el 14 de este mes. Los países involucrados son Alemania, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Dinamarca, España, Grecia, Irlanda, Italia, Macedonia, Rumania, Suecia y Turquía. Más de 1.000 vuelos de la CIA atravesaron el espacio aéreo europeo entre 2001 y 2005. Además, cárceles clandestinas “pueden haberse instalado en las bases militares estadounidenses” en Europa, afirma el comité en su informe.

El documento señala que las naciones europeas “cerraron los ojos” ante los vuelos de la CIA que “en algunas ocasiones fueron utilizados para el traslado ilegal de detenidos”.

El parlamentario socialista italiano Giovanni Claudio Fava, miembro del comité, dijo a IPS que el Consejo de la UE, principal instancia decisoria del bloque, debería ordenar una investigación independiente y, “cuando sea necesario, imponer sanciones a los estados miembro en caso de confirmarse violaciones graves y continuas”.

El comité señaló que las entregas son un “instrumento ilegal utilizado por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo” y condenó “la aceptación y, en varias ocasiones, el ocultamiento de esa práctica por los servicios secretos y autoridades gubernamentales de algunos países europeos”.

“Fue un trabajo duro, tanto desde el punto de vista profesional como emocional. Investigamos 21 casos bien documentados de entregas extraordinarias, y hablamos con las víctimas, que aportaron su testimonio. Escuchamos sus dolorosas historias, juntamos 200 entrevistas y tenemos cientos de horas de grabación”, detalló Fava. El informe señala que en la mayoría de los casos investigados hubo “detenciones de personas que fueron incomunicadas y torturadas durante los interrogatorios, lo que fue confirmado por las propias víctimas o por sus abogados”.

En cuanto al desarrollo de la investigación, el comité se lamenta de “la falta de cooperación de muchos estados miembro y del Consejo de la UE”, según el documento. También afirma que “la grave carencia de respuestas concretas antes las preguntas planteadas por víctimas, organizaciones no gubernamentales, prensa y parlamentarios sólo reforzó la validez de las acusaciones que ya están bien documentadas”. El Consejo de la UE retuvo al principio y luego suministró en parte fragmentos de información referidos a intercambios con altos funcionarios estadounidenses, según el informe.

El documento indica que Austria, Gran Bretaña, Italia, Polonia y Portugal se mostraron poco cooperativos con las investigaciones.

Por su parte, organizaciones de derechos humanos consideran probable que las prisiones clandestinas se hayan establecido en Polonia y Rumania. Pero según el informe “no es posible reconocer la existencia de centros de detención en Polonia”.

“Espero que la sesión plenaria del Parlamento Europeo ratifique nuestro informe. Denunciamos las responsabilidades, directas e indirectas, de todos los gobiernos en estas prácticas ilegítimas que violaron los derechos humano y las leyes” en general, dijo Fava a IPS. “Nuestra responsabilidad ahora es garantizar los derechos fundamentales, como el de tener un abogado, llamar a la embajada, conocer los cargos por los que una persona es acusada, y ser procesado y juzgado sin torturas, para todos, aun para los acusados de los peores delitos”, añadió.

El artículo 6 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos garantiza un juicio justo ante un tribunal independiente y considera que los sospechosos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Fava sostuvo que el principal logro de las investigaciones del comité, desde un punto de vista político, es haber puesto en evidencia la grave falta de controles de los países europeos.

“Estaban convencidos de que la guerra contra el terrorismo era un asunto del gobierno de Estados Unidos, así que simplemente decidieron no entorpecerle la tarea”, sostuvo.

El documento recomienda que “los gobiernos y parlamentos nacionales lleven a cabo sus propias investigaciones independientes acerca de lo sucedido y traten de devolver, en lo inmediato, a los ciudadanos y residentes mantenidos ilegalmente por las autoridades estadounidenses y compensen a las víctimas de las entregas extraordinarias”.

12 febrero 2007 Posted by | Análisis Internacional, CIA, Guantanamo, Terrorismo, Union Europea | Deja un comentario

Las Maras, Pandillas expiatorias

Por Guthrie Gray
(Washington, IPS)

Relatos sensacionalistas de la prensa, líderes políticos y la policía exageran la conexión entre las pandillas de jóvenes centroamericanos con el narcotráfico, las mafias internacionales y el terrorismo, advirtió la no gubernamental Oficina de Washington para América Latina (WOLA).

Un informe realizado por investigadores del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) a pedido de WOLA, que insumió un año, se centró ampliamente en las “maras”, como se les llama en América Central a las bandas juveniles callejeras, cuyo origen se remonta a los inmigrantes latinoamericanos de la sudoccidental ciudad estadounidense de Los Angeles. La investigación buscó arrojar luz sobre un problema que amenaza la seguridad pública en América Central, donde se calcula que los pandilleros suman ya unos 100.000.

Las actividades de las maras también son observadas con mucha preocupación en Estados Unidos, debido al lazo que las sigue uniendo con las pandillas de Los Ángeles y de Washington, que según el Buró Federal de Investigaciones (FBI) reúnen entre 8.000 y 10.000 jóvenes.

Los mareros, cuyos rostros y brazos tatuados los convierten en objetos de demonización convenientes, han sido ampliamente caracterizados como una organización criminal internacional responsable de tráfico humano, contrabando de drogas y comercio de armas. El estudio halló que, en vez de experimentados delincuentes internacionales, los mareros son por lo general jóvenes de familias desesperadamente pobres y que necesitan protección.

El documento titulado “Pandillas trasnacionales de jóvenes en América Central, México y Estados Unidos”, reveló que el carácter preciso del problema de estas bandas varía drásticamente en cada uno de los seis países abordados en el estudio. Los programas de prevención “específicos de la comunidad”, como los usados en Nicaragua y el área de Washington, han sido los más efectivos.

También se comprobó que las severas políticas de “tolerancia cero” o de “mano dura”, como las empleadas en El Salvador, y las políticas de deportación y contra los inmigrantes de Estados Unidos llevaron a las pandillas a convertirse en “más organizadas y menos visibles” sin reducir la amenaza a la seguridad pública.

“Ellos (los mareros) se están convirtiendo en lo que inicialmente alegaron ser, esto es, más violentos y más organizados”, dijo Jeanette Aguilar, investigadora de la salvadoreña Universidad de América Central, en la presentación el 8 de este mes del informe. Aunque existen conexiones trasnacionales entre las pandillas de América Central, México y Estados Unidos, éstas no han sido tan centralizadas como mostraron los medios de comunicación y las agencias de aplicación de la ley, según la investigación.

Ochenta y seis por ciento de los mareros de El Salvador dijeron que no tenían contacto con miembros de pandillas de fuera del país, señala el informe. Si bien los pandilleros plantean una grave amenaza a la seguridad pública en El Salvador, Guatemala y Honduras, el trabajo de WOLA señala que sus actividades en México son relativamente limitadas en comparación con las banda callejeras indígenas y el crimen organizado.

En Estados Unidos, el retrato periodístico de los mareros como “delincuentes experimentados y asesinos brutales”, aparejado con la concepción popular de que operan dentro de una vasta red trasnacional, fue alimentado tanto por los debates contra la inmigración como sobre seguridad nacional, indicó Connie McGuire, coordinadora de investigación para el Proyecto de Pandillas Juveniles de América Central en la WOLA.

Geoff Thale, director de programa y alto asociado para Cuba y América Central, considera que “hay una tentación de verlo como una amenaza posterior al 11 de septiembre” de 2001, fecha de los atentados terroristas contra Nueva York y Washington que dejaron 3.000 muertos. “El problema tiene que ser desmistificado “, opinó.

Las maras se originaron entre la población emigrada de la guerra civil salvadoreña (1979-1992). Al encontrarse a sí mismos en el hostil territorio de las preexistentes pandillas de chicanos (descendientes de mexicanos) y negros, los jóvenes salvadoreños formaron sus propias agrupaciones, como la Mara Salvatrucha (MS-13). Al regresar a El Salvador luego de la guerra civil, los miembros de las maras tuvieron una poderosa influencia sobre los jóvenes en América Central.

Las deportaciones de Estados Unidos hacia sus países de origen hicieron perder integrantes a las pandillas, y para fines de los años 90 la mayoría de las pandillas de jóvenes en Guatemala y Honduras estaban afiliadas o bien a la MS-13 o bien a Barrio 18, otra exportación de Los Ángeles.

Para 2000, ambas –aunque la segunda en menor grado– habían establecido una presencia en Washington. En años recientes, las actividades de las pandillas callejeras de América Central con lazos a Los Angeles se transformaron en una creciente preocupación dentro de Estados Unidos, y comenzaron esfuerzos para tratar con las pandillas mediante la cooperación internacional. Por ejemplo, funcionarios policiales y de la justicia, reunidos el 7 de este mes en Los Angeles para la Cumbre Internacional de Jefes de Policía sobre Pandillas Trasnacionales, denunciaron que las pandillas se habían expandido a 40 estados y siete países.

“Los Angeles es el territorio cero para la actividad de las pandillas modernas”, dijo J. Stephen Tidwell, alto funcionario del FBI en este ciudad.

“Ellas están más dispersas y son más peligrosas que nunca”. Mientras, efectivos policiales centroamericanos se quejan de que agresivas prácticas de deportación de Estados Unidos los han sobrecargado a ellos y a las prisiones de mareros en El Salvador, Guatemala y Honduras.

“No puedo culpar a Estados Unidos por deportarlos. Sin embargo, necesitamos buscar nuevos mecanismos para que tengamos más control sobre estos muchachos”, dijo Rodrigo Ávila Avilés, jefe de policía de El Salvador, según la cadena británica BBC.

En una reunión con delegados de El Salvador, Honduras, Guatemala y Belice en San Salvador para coordinar estrategias para hacer frente a las pandillas realizada el 6 de este mes, el fiscal general de Estados Unidos, Alberto González, anunció la creación de una unidad trasnacional antipandillas (TAG) entrenada por el FBI.

Mostrándose escéptico en relación a esas medidas, Thale dijo a IPS que “uno no soluciona los problemas de las pandillas encerrando a todo el mundo”. También enfatizó la importancia de los programas de prevención de la violencia, que en su opinión aparecen solamente como algo tardío en el plan de González. De hecho, “encerrar a todo el mundo” tuvo consecuencias negativas alarmantes.

Hace tres años, los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras comenzaron a implementar severas políticas de tolerancia cero que, en la práctica, declararon la guerra abierta a los jóvenes acusados de pertenecer a las maras. Solamente en El Salvador, los registros policiales muestran que unos 60.000 jóvenes fueron llevados a prisión en el país desde el comienzo de estas políticas. Pero estos programas fortalecieron a las organizaciones de las pandillas en las cárceles, y ahora sus actos de violencia, como robos, secuestros y extorsiones, son dirigidos desde dentro de las prisiones, según un informe difundido el año pasado por la Coalición Interamericana para la Prevención de la Violencia.

En algunos países del centroamericano Triángulo Septentrional (El Salvador, Guatemala y Honduras), los homicidios aumentaron 40 por ciento desde la creación de estas políticas, según Aguilar.(FIN/2007

12 febrero 2007 Posted by | Centro America, maras, Mexico, pandillas | 1 comentario